Reforma judicial bajo la lupa en las Jornadas de Fortalecimiento Vocacional Jurídico de la UAZ
- José Luis Hernández Ugalde advirtió que la elección popular no garantiza la eliminación del nepotismo ni la corrupción
- Ana María Romo Fonseca cuestionó el proceso legislativo y las condiciones en que se desarrolló la elección judicial
- Arturo Nahle García alertó sobre los riesgos de politización y posibles afectaciones a la independencia judicial
Zacatecas, Zac., 28 de octubre de 2026.
Con distintas perspectivas desde los ámbitos judicial y legislativo, la Unidad Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), realizó las Jornadas de Fortalecimiento Vocacional Jurídico, bajo el título “3 miradas sobre el derecho: reforma judicial”, un encuentro que reunió a representantes de estos sectores para examinar los alcances, las controversias y los desafíos de una de las transformaciones constitucionales más relevantes de los últimos años en México.
En el Auditorio Magdaleno Varela Luján, el magistrado presidente del Tribunal de Disciplina Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, José Luis Hernández Ugalde; la diputada local del Congreso del Estado de Zacatecas, Ana María Romo Fonseca, y el magistrado en retiro, Arturo Nahle García, compartieron sus experiencias y puntos de vista sobre los cambios en la integración del Poder Judicial, particularmente la elección de jueces y magistrados mediante el voto popular, así como sus posibles repercusiones en la independencia judicial y la impartición de justicia.
Durante su participación, el magistrado José Luis Hernández Ugalde señaló que el Poder Judicial, tanto federal como estatal, enfrentaba problemas estructurales que hacían necesaria una transformación. No obstante, advirtió que, a un año de la implementación de la reforma, no era posible afirmar que dichas deficiencias estuvieran resueltas, por lo que consideró indispensable identificar las áreas de oportunidad y realizar los ajustes necesarios para evitar afectaciones a la impartición de justicia.
Subrayó que la independencia judicial y la preparación técnica son condiciones fundamentales para el ejercicio de la función jurisdiccional. En ese sentido, sostuvo que la elección mediante el voto popular no garantiza, por sí misma, la eliminación de prácticas como el nepotismo o la corrupción, de ahí la importancia de revisar los mecanismos de selección y considerar las observaciones y recomendaciones de organismos internacionales.
Desde la perspectiva legislativa, la diputada local y universitaria Ana María Romo Fonseca, compartió su experiencia en los ámbitos local y federal, y describió la aprobación de la reforma como un proceso marcado por intensos debates éticos y políticos. Reconoció que la existencia de prácticas como el nepotismo evidenciaba la necesidad de revisar el sistema judicial; sin embargo, cuestionó que una transformación de esta magnitud se concretara en medio de tensiones y negociaciones, con un margen limitado para el análisis y la deliberación parlamentaria.
También enfatizó que la elección popular de jueces y magistrados estuvo acompañada de prácticas como el acarreo y de dificultades para que la ciudadanía conociera y evaluara adecuadamente los perfiles de las candidaturas. A su juicio, estas circunstancias generan cuestionamientos sobre la capacidad del mecanismo para garantizar la imparcialidad y la preparación técnica que requiere la función judicial, cuyas decisiones inciden directamente en la vida y los derechos de las personas.
Por su parte, el reconocido magistrado en retiro Arturo Nahle García, presentó un recorrido por las principales transformaciones del sistema de justicia mexicano, entre ellas las relacionadas con las recomendaciones internacionales, los derechos humanos, el sistema penal acusatorio y la incorporación de la oralidad en materias como la mercantil y la laboral. Al abordar la reforma judicial de 2024, cuestionó sus objetivos y sostuvo que, en lugar de priorizar el mejoramiento de la impartición de justicia y el fortalecimiento de herramientas como la justicia digital, la transformación favorecía la politización y la partidización del Poder Judicial.
También cuestionó la sustitución de los mecanismos de carrera judicial y evaluación de méritos por la elección popular, al considerar que la participación ciudadana limitada y la complejidad de las boletas dificultaron el ejercicio del voto informado. Asimismo, expresó su preocupación por la separación de personas con amplia trayectoria y preparación técnica, y advirtió sobre los riesgos de que los criterios políticos incidan en la integración de los órganos jurisdiccionales, comprometiendo su autonomía e independencia.
Las jornadas concluyeron con una sesión de preguntas y respuestas en la que estudiantes y docentes dialogaron directamente con los participantes, plantearon sus inquietudes y profundizaron en las implicaciones de la reforma judicial para el presente y el futuro del sistema de justicia mexicano. El encuentro permitió contrastar experiencias y argumentos desde distintas posiciones, acercando a la comunidad estudiantil a uno de los debates centrales para el ejercicio contemporáneo del derecho.
Texto: Mariana Rosales / Revisión: Pamela Girón / Fotos: Oscar Camarillo.
