Ordenar los ingresos propios, un paso hacia la transparencia y el fortalecimiento financiero de la UAZ: Sandoval Aréchiga
Zacatecas, Zac., 31 de octubre de 2026.
Establecer reglas claras para la creación, administración, distribución y disolución de las estructuras universitarias que generan recursos propios fue el planteamiento presentado por el docente investigador de la Unidad Académica de Ingeniería Eléctrica (UAIE), Remberto Sandoval Aréchiga, como parte de las mesas de diálogo “UAZ Dialoga”, convocadas para construir la metodología de la Reforma Integral de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ).
A través de la propuesta “Marco normativo para unidades universitarias generadoras de recursos propios: creación, gestión, reparto y disolución”, expuso la necesidad de contar con un reglamento específico que permita ordenar estas actividades, fortalecer la transparencia en el manejo de los ingresos extraordinarios y establecer qué proporción de los recursos debe incorporarse al patrimonio institucional.
Sandoval Aréchiga señaló que, aunque la Ley Orgánica de la UAZ reconoce como parte de su patrimonio los ingresos derivados de la prestación de servicios y los trabajos realizados mediante convenios con entidades públicas, privadas y sociales, actualmente no se identifica una regulación integral que establezca los procedimientos para el funcionamiento de laboratorios de servicios, centros especializados, células de desarrollo tecnológico y otras estructuras que generan ingresos.
Enfatizó que esta ausencia normativa puede propiciar prácticas distintas entre las unidades académicas, además de generar riesgos jurídicos, fiscales y laborales, limitar la rendición de cuentas y desaprovechar una fuente complementaria de financiamiento para la Universidad.
Como respuesta, propuso elaborar un Reglamento de Unidades Universitarias Generadoras de Recursos Propios que contemple cinco aspectos fundamentales. El primero consiste en establecer los mecanismos para su creación, tanto de estructuras internas, como laboratorios, centros de servicio y células de desarrollo tecnológico, es decir, como de figuras externas, entre ellas empresas de base tecnológica, fideicomisos y asociaciones. Para ello, planteó que cada iniciativa cuente con un plan de negocio y dictámenes académicos, financieros y jurídicos, además de la aprobación de las instancias universitarias correspondientes.
El segundo aspecto se refiere a la gestión y administración de estos espacios, mediante responsables formalmente designados, registros contables por unidad concentrados en la Administración Central, tarifas incorporadas al reglamento anual de ingresos, informes periódicos de carácter público y mecanismos de fiscalización a cargo de la Contraloría Interna.
Uno de los puntos centrales de su planteamiento es la distribución de los recursos generados. Indicó que, una vez cubiertos los costos directos de operación, se establezca un esquema de reparto que permita beneficiar tanto a la Universidad como a las unidades académicas y a las propias estructuras generadoras. Como punto de partida para la deliberación, planteó destinar entre 5 y 10 por ciento a un fondo patrimonial institucional para la operación general de la UAZ; otro 5 a 10 por ciento a la unidad académica, y el resto a la operación y reinversión de la estructura que produce los ingresos.
Para sustentar, presentó como referentes los modelos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad de Guadalajara, cuyas normativas establecen distintos mecanismos de distribución de ingresos extraordinarios y de beneficios derivados de la propiedad intelectual. Consideró que estas experiencias pueden servir para construir un esquema acorde con las condiciones y necesidades de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Asimismo, formuló establecer incentivos económicos para el personal que participe en los proyectos generadores de recursos, mediante percepciones adicionales por contrato, con límites definidos, sin afectar las responsabilidades académicas ni contravenir los contratos colectivos de trabajo. También consideró necesario incorporar reglas explícitas para prevenir conflictos de interés.
El quinto componente contempla regular la disolución de estas estructuras mediante causales objetivas, como el incumplimiento de metas, pérdidas consecutivas o riesgos jurídicos y reputacionales. En estos casos, deberán establecerse procedimientos para liquidar compromisos, reintegrar bienes e inventarios al patrimonio universitario y determinar el destino de la propiedad intelectual desarrollada.
Finalmente, Remberto Sandoval propuso incorporar este tema como una línea de trabajo de los ejes Normativo y Administrativo de la Reforma Integral, mediante una mesa temática o subcomisión especializada. Como primer paso, sugirió elaborar un inventario de las estructuras universitarias que actualmente generan ingresos propios, sus formas de operación y los montos que administran, a fin de contar con información verificable para el prediagnóstico institucional.
Esta instancia de trabajo, señaló, podría integrar a responsables de dichas estructuras, la Secretaría Administrativa, la Contraloría Interna, la Abogacía General y la representación sindical. Además, propuso que los porcentajes de distribución sean sometidos a consulta antes de su dictamen por el Consejo Universitario.
La iniciativa coloca sobre la mesa la importancia de reconocer la generación de recursos propios como una oportunidad para fortalecer las finanzas universitarias, pero también de establecer mecanismos institucionales que garanticen que estos ingresos se administren con transparencia, reglas comunes y beneficios compartidos para la Universidad y su comunidad.
Texto: Pamela Girón, con información y foto cortesía.
