Actualizar la normativa escolar, una condición para dar certeza jurídica y responder a los nuevos retos educativos de la UAZ: Bernal Ayala
Zacatecas, Zac., 31 de octubre de 2026.
La actualización del Reglamento General Escolar de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), representa una necesidad para adecuar los procesos académicos y administrativos a las nuevas disposiciones educativas, garantizar los derechos de la comunidad universitaria y evitar contradicciones en la normativa institucional, expuso la docente investigadora de la Unidad Académica de Derecho (UAD) y jefa del Departamento de Servicios Escolares, Samanta Deciré Bernal Ayala, durante las mesas de diálogo de la Reforma Integral de la institución.
En su exposición, titulada Actualización del Reglamento General Escolar de la Universidad Autónoma de Zacatecas Francisco García Salinas y la armonización con el marco educativo vigente de orden federal y estatal, señaló que las transformaciones sociales, tecnológicas y educativas, así como las recientes reformas legislativas, hacen necesario revisar las disposiciones que regulan el funcionamiento de las universidades públicas.
Explicó que este proceso debe considerar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Educación, la Ley General de Educación Superior y la legislación estatal aplicable, además de la Ley Orgánica, el Estatuto General y los reglamentos propios de la UAZ. La finalidad es que las disposiciones universitarias mantengan congruencia con el marco jurídico vigente, sin perder de vista la autonomía y la naturaleza de la institución.
Bernal Ayala destacó que la actualización normativa tiene implicaciones que van más allá del cumplimiento legal, pues también permite fortalecer la calidad educativa, la transparencia, la rendición de cuentas y la protección de los derechos humanos. En este sentido, subrayó la importancia de incorporar principios como la inclusión, la equidad, la accesibilidad y la eliminación de barreras para el aprendizaje y la participación de los estudiantes.
Entre los aspectos que requieren revisión identificó la normativa académica relacionada con el ingreso, permanencia, evaluación, acreditación, egreso y titulación; las disposiciones sobre investigación e integridad académica; los mecanismos para prevenir y atender la violencia, el acoso y la discriminación, así como los procedimientos administrativos, laborales, financieros y digitales.
Recalcó que mantener reglamentos desactualizados puede ocasionar inseguridad jurídica, conflictos por la falta de claridad en las atribuciones de las autoridades, vulneración de derechos y dificultades para responder a las nuevas modalidades educativas y al desarrollo tecnológico. También señaló la importancia de identificar disposiciones que se contradigan entre sí, dupliquen funciones o carezcan de procedimientos claros para atender las necesidades de la comunidad universitaria.
Como ruta de trabajo, planteó desarrollar un diagnóstico de la normativa existente, analizar su congruencia con las leyes vigentes, establecer prioridades de actualización y considerar la participación de autoridades, órganos colegiados, personal académico, administrativo y estudiantes. Posteriormente, las modificaciones deberán someterse a las instancias competentes, formalizarse y contar con mecanismos de seguimiento y evaluación.
La docente investigadora enfatizó que la revisión del marco normativo debe asumirse como una tarea permanente y estratégica, no como una acción aislada ante una reforma legal o un conflicto institucional. Contar con disposiciones claras y actualizadas permitirá fortalecer la autonomía universitaria, mejorar la coordinación institucional y brindar mayor certeza a estudiantes y trabajadores sobre sus derechos, responsabilidades y procedimientos escolares.
Texto: Pamela Girón, con información y fotos cortesía.
