Garantizar derechos reales a la infancia, reto de México: Rafael Rodríguez
Zacatecas, Zacatecas., 24 de febrero de 2026.
La protección de los derechos de la infancia, señaló el docente investigador de la Unidad Académica de Derecho (UAD) de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), Rafael Rodríguez Rodríguez, ha sido una preocupación constante de la comunidad internacional. Desde los primeros esfuerzos de la Sociedad de las Naciones, antecedente de la actual ONU, se buscó reconocer la dignidad de los niños.
En ese sentido, Rodríguez recordó que durante mucho tiempo las niñas y los niños eran considerados “adultos pequeños” o incluso propiedad de sus padres, sin reconocimiento como sujetos plenos de derecho.
Con el paso del tiempo, explicó, la situación cambió radicalmente. El gran giro llegó en 1989 con la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas, que transformó la manera de concebir la infancia.
Rodríguez subrayó que en su artículo 3 se establece: “en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial será el interés superior del niño”.
A partir de ello, indicó el especialista, se abrió un nuevo horizonte. Desde lo jurídico, este principio significa que todo lo que hagan el Estado, la sociedad y las familias debe estar orientado a garantizar el desarrollo armónico, pleno e integral de la niñez. Además, puntualizó que supone asegurar el acceso a derechos fundamentales como salud, educación, identidad, familia y una vida libre de violencia.
En el caso de México, destacó, la protección se consolidó. Con la reforma constitucional de 2011, el artículo 4º, párrafo noveno, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: “En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos.
Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral”. Para Rodríguez, este mandato es contundente y obliga a todas las autoridades sin excepción.
De ahí surge una pregunta clave, planteó el investigador: cómo se vulnera este principio. Según explicó, se vulnera cuando un niño carece de acceso a la salud, sufre violencia en casa o en la escuela, es reclutado por la delincuencia, migra solo en condiciones de riesgo o es discriminado por su origen étnico o discapacidad. El reto, enfatizó, es pasar de un principio escrito en la ley a políticas públicas efectivas que transformen estas realidades, convirtiendo los derechos en hechos tangibles.
En el ámbito digital, advirtió, la exigencia es aún mayor. Aplicar este principio significa que antes de lanzar una aplicación o red social, gobiernos y empresas deben realizar evaluaciones de impacto en la niñez. Rodríguez ejemplificó que diseñar tecnologías pensando en su bienestar es aplicar el interés superior, como ya sucede en países como Australia, Francia, China, Alemania e Italia, donde se establecen regulaciones específicas para menores de 16 años.
Por lo tanto, sostuvo, la capacitación resulta indispensable. La formación obligatoria y permanente de jueces, abogados y servidores públicos que tienen contacto con la niñez es esencial. Ellos, afirmó, deben reconocer cuándo un derecho está en riesgo y cómo actuar para protegerlo.
En conclusión, el docente investigador enfatizó que el Interés Superior de la Niñez es mucho más que una fórmula jurídica: es el fundamento sobre el cual debe construirse un México donde las niñas y los niños puedan crecer felices.
Texto: Brisia L. Reyes/ Fotos: Cortesía/ Revisión: Pamela Girón.
